La Unión Europea está implantando este sistema de forma progresiva, con requisitos específicos según la categoría de producto. Por eso, las empresas fabricantes necesitan conocer qué normativa les afecta, qué información deberán facilitar y cómo organizar sus datos para responder a las nuevas exigencias.

Prepararse con antelación permite detectar carencias en la información disponible, mejorar la trazabilidad y reducir el riesgo de tener que adaptar los procesos de producción y gestión a última hora.

Qué implica el DPP para una empresa fabricante

El pasaporte digital de producto es un sistema de información digital vinculado a un producto, sus componentes o sus materiales. Permite consultar datos relevantes sobre sus características, composición, sostenibilidad y ciclo de vida mediante un soporte de datos, como un código QR, cuando así lo establezca la normativa aplicable.

Su marco general se encuentra en el Reglamento (UE) 2024/1781 sobre diseño ecológico de productos sostenibles, conocido como ESPR. Esta norma establece las bases para introducir requisitos de ecodiseño y pasaportes digitales en diferentes categorías de productos.

Sin embargo, el DPP no será idéntico para todos los productos ni todos los fabricantes tendrán las mismas obligaciones. Los datos exigidos, el formato, el nivel de identificación y las condiciones de acceso dependerán de la normativa específica aplicable a cada categoría.

Para una empresa fabricante, esto supone trabajar con información que hasta ahora podría estar repartida entre distintos departamentos, proveedores, fichas técnicas y sistemas de gestión.

Por ejemplo, una empresa que fabrica componentes industriales puede necesitar coordinar los datos de materiales y proveedores con la información de producción y cumplimiento normativo. Un fabricante de productos textiles tendrá que atender a los requisitos específicos que se establezcan para su sector.

En ambos casos, la preparación empieza por identificar qué información existe, quién la gestiona y cómo se puede mantener actualizada.

Qué información puede incluir el pasaporte digital de producto

El contenido del DPP dependerá de los requisitos establecidos para cada categoría. El marco europeo contempla información relacionada con la sostenibilidad, la circularidad y las características del producto, entre otros aspectos.

Entre los datos que pueden resultar relevantes se encuentran:

• Identificación del producto: identificadores únicos y datos que permitan distinguir el modelo, el lote o la unidad, según corresponda.
• Composición y materiales: información sobre materiales utilizados, sus componentes y, cuando proceda, las sustancias de especial preocupación.
• Origen y trazabilidad: datos necesarios para conocer la procedencia de determinados materiales o seguir el recorrido del producto dentro de la cadena de suministro.
• Información ambiental: indicadores relacionados con el impacto ambiental, el uso de recursos o la huella de carbono, cuando sean exigibles.
• Durabilidad y reparación: información sobre la vida útil, las posibilidades de reparación, el mantenimiento o la disponibilidad de repuestos, según el producto.
• Fin de vida: instrucciones y datos que faciliten la reutilización, el desmontaje, la recuperación de materiales o el reciclaje.

Esta relación es orientativa, no una lista universal de campos obligatorios. La normativa específica determinará qué datos deben incluirse, cuáles serán accesibles para cada usuario y qué condiciones deberán cumplir.

Para las pymes fabricantes, conviene revisar especialmente la información que ya se genera durante el diseño, las compras, la fabricación y el control de calidad. Es posible que una parte de los datos necesarios ya exista, aunque no esté centralizada ni preparada para compartirse en un formato interoperable.

Qué empresas tendrán que aplicar el DPP y cuándo será obligatorio

El pasaporte digital de producto se está implantando de forma gradual en la Unión Europea. La obligación dependerá de la categoría del producto, de la legislación que le resulte aplicable y de las fechas establecidas en cada disposición.

El Reglamento ESPR prevé la introducción de requisitos específicos mediantes actos delegados para distintos grupos de productos. Además, otras normas europeas pueden establecer obligaciones relacionadas con el pasaporte digital al margen de ese calendario general.

Entre las categorías prioritarias contempladas en la planificación europea se encuentran:

Estas fechas corresponden a la planificación indicativa de la Comisión Europea para desarrollar requisitos sectoriales, no a una fecha de obligación universal para todos los productos de cada categoría. La entrada en vigor de las obligaciones concretas dependerá de la publicación de la normativa aplicable y de sus periodos transitorios.

Las baterías constituyen un caso específico. El Reglamento europeo de baterías establece obligaciones propias de pasaporte para determinadas categorías, con aplicación prevista a partir del 18 de febrero de 2027 para las baterías de vehículos eléctricos, las baterías para medios de transporte ligeros y determinadas baterías industriales.

Por tanto, antes de fijar un calendario de adaptación, cada fabricante debe comprobar qué legislación se aplica a sus productos, si existen requisitos específicos ya aprobados y qué plazos de transición contempla la norma.

La Comisión Europea mantiene la información actualizada en su portal oficial sobre el pasaporte digital de producto.

Qué riesgos tiene esperar hasta que el DPP sea obligatorio

Posponer la preparación hasta la fecha de aplicación puede generar dificultades que van más allá de la implantación tecnológica.

Uno de los principales riesgos es la falta de información fiable. Si la empresa necesita recopilar datos de proveedores con los que no existen procedimientos de intercambio establecidos, conseguirlos y validarlos puede requerir más tiempo del previsto.

También pueden aparecer problemas de trazabilidad, incompatibilidades entre sistemas o falta de coordinación entre departamentos. En empresas con catálogos amplios, estas dificultades pueden multiplicarse si cada productos utiliza criterios diferentes para registrar sus datos.

Además, cuando la normativa aplicable exija disponer de un pasaporte digital para comercializar determinados productos, no cumplir con los requisitos podrá afectar a su puesta en el mercado.

La anticipación permite identificar estos problemas con margen suficiente para corregirlos. No implica implantar de inmediato una solución definitiva, sino conocer las obligaciones previsibles y preparar los procesos que facilitarán su cumplimiento.

Cómo puede ayudar Miru a preparar tu empresa para el DPP

La adaptación al pasaporte digital de producto requiere conocer la normativa aplicable, identificar los datos necesarios y coordinar su recopilación y mantenimiento.

El DPP tampoco sustituye automáticamente otras obligaciones ambientales, declaraciones de conformidad o sistemas de certificación. Cada requisito debe evaluarse de acuerdo con la legislación que lo establece.

Desde Miru, como consultora de sostenibilidad, podemos ayudar a tu empresa a analizar sus necesidades ambientales y regulatorias, revisar la información disponible y definir las actuaciones necesarias para avanzar en su preparación.

El primer paso es conocer qué productos fabrica tu empresa, qué requisitos pueden afectarlos y qué información necesitas gestionar para responder a ellos.

Si tu empresa fabrica productos y quieres anticiparte a los requisitos del DPP, contacta con nosotros. Te ayudamos a evaluar tu situación y a definir los siguientes pasos.

Desde el 1 de enero de 2026, el Reglamento CBAM ha entrado en su régimen definitivo y empieza una nueva etapa para las empresas que importan determinados productos desde fuera de la Unión Europea.

Pero, ¿qué es exactamente el CBAM? ¿Qué empresas están afectadas? ¿Qué productos están incluidos? ¿Y qué obligaciones implica?

En este artículo repasamos las claves que una empresa debe conocer sobre el Reglamento CBAM y las principales fechas del mecanismo.

¿Qué es el CBAM?

El CBAM es el mecanismo de la Unión Europea para aplicar un precio al carbono asociado a determinadas mercancías importadas desde países de fuera de la UE.

Su objetivo principal es evitar la denominada “fuga de carbono”, es decir, que la producción de bienes con altas emisiones se desplace a países con requisitos climáticos menos exigentes o que los productos fabricados fuera de la UE sustituyan a productos europeos con mayores costes de carbono.

El CBAM complementa al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU ETS). La idea es que determinados productos importados soporten un coste de carbono equivalente al que afrontan productos similares fabricados dentro de la Unión Europea.

En términos sencillos: si una empresa importa demasiados productos intensivos en carbono desde fuera de la UE, debe conocer las emisiones asociadas a esos productos y cumplir las obligaciones establecidas por el CBAM.

¿A qué productos afecta el CBAM?

Actualmente, el CBAM se aplica a determinados productos de seis sectores considerados especialmente intensivos en carbono:

• Cemento
• Hierro y acero
• Aluminio
• Fertilizantes
• Electricidad
• Hidrógeno

No significa que cualquier producto relacionado con estos sectores esté automáticamente sujeto al mecanismo. La aplicación depende de las mercancías concretas incluidas en el ámbito del Reglamento y de su correspondiente clasificación arancelaria.

Por eso, para determinar si una empresa está afectada, no basta con saber qué actividad desarrolla. Es necesario revisar qué productos importa y bajo qué códigos arancelarios.

¿Qué empresas deben prestar atención al CBAM?

El CBAM afecta principalmente a empresas que importan a la Unión Europea mercancías incluidas en su ámbito de aplicación procedentes de terceros países.

Desde 2026, los importadores de mercancías CBAM que superen el umbral general de 50 toneladas deben solicitar la condición de declarante CBAM autorizado. Para electricidad e hidrógeno existen reglas específicas.

Esto significa que una empresa que compra productos a un proveedor situado fuera de la UE debería comprobar si esos productos están sujetos al CBAM, incluso aunque la cuestión ambiental no forme parte habitualmente de su gestión diaria.

Un ejemplo sencillo

Imaginemos una empresa española que importa demasiados productos de acero fabricados en un país de fuera de la Unión Europea.

La empresa no fabrica el acero y, por tanto, podría pensar que el CBAM no tiene relación con su actividad.

Sin embargo, si actúa como importadora de una mercancía incluida en el ámbito del Reglamento, puede tener obligaciones CBAM.

Por eso, uno de los primeros pasos consiste en revisar las importaciones y comprobar:

1. Qué productos se están importando.
2. Desde qué países.
3. Qué códigos arancelarios tienen.
4. Qué cantidad se importa.
5. Cuáles son sus emisiones incorporadas.
6. Qué información puede proporcionar el fabricante o proveedor extranjero.

¿Qué cambia con el CBAM en 2026?

Aquí está una de las claves más importantes. Entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, el CBAM estuvo en una fase transitoria. Durante este periodo, los importadores tenían principalmente obligaciones de información y comunicación sobre las emisiones incorporadas en los productos importados. No tenían todavía que comprar y entregar certificados CBAM.

Desde el 1 de enero de 2026, el mecanismo funciona bajo su régimen definitivo.

Esto implica nuevas obligaciones, entre ellas:

• Obtener, cuando corresponda, la autorización como declarante CBAM.
• Declarar las emisiones incorporadas en las mercancías importadas.
• Adquirir certificados CBAM.
• Entregar los certificados correspondientes a las emisiones declaradas.
• Conservar y gestionar la información necesaria para demostrar el cumplimiento.

Además, cuando exista un precio del carbono que ya haya sido pagado en el país de origen, este puede tenerse en cuenta conforme a las reglas del mecanismo.

Fechas clave del CBAM

Conocer el calendario CBAM es importante porque la norma no es una obligación que empiece y termine en una única fecha.

1 de enero de 2026

Es la fecha fundamental del calendario actual. El CBAM entra en su régimen definitivo y aparecen las obligaciones relacionadas con la autorización, la declaración de emisiones y los certificados CBAM.

2026: primer año del régimen definitivo

Durante 2026, las empresas deben trabajar con el nuevo sistema y realizar el seguimiento de las emisiones incorporadas en sus importaciones. El precio de los certificados CBAM durante 2026 se calcula y publica trimestralmente. A partir de 2027, la Comisión Europea establece una publicación semanal del precio.

2027: primeras declaraciones correspondientes a 2026

El calendario contempla en 2027 la presentación de las declaraciones correspondientes a las importaciones realizadas durante 2026 y la entrega de los certificados correspondientes.

Por tanto, aunque el régimen definitivo ya esté en funcionamiento, las empresas necesitan trabajar desde ahora con información que será necesaria para cumplir las obligaciones posteriores.

¿Qué son los certificados CBAM?

Los certificados CBAM representan el coste asociado a las emisiones incorporadas en las mercancías sujetas al mecanismo.

Los declarantes autorizados deben adquirir certificados y posteriormente entregar la cantidad correspondiente a las emisiones declaradas, teniendo en cuenta las reglas aplicables y, cuando procedo, el precio del carbono pagado en el país de origen.

El precio de estos certificados está vinculado al precio de los derechos de emisión del EU ETS.

En 2026, la Comisión Europea calcula un precio trimestral. Desde 2027, el cálculo pasa a realizarse con una frecuencia semanal.

Esto introduce un elemento que las empresas importadoras tendrán que empezar a considerar: el impacto económico de las emisiones incorporadas en determinados productos importados.

El reto no está solo en la aduana: también está en los datos

Uno de los aspectos más relevantes del CBAM es que las empresas necesitan disponer de información sobre las emisiones incorporadas en los productos importados.

Y aquí puede aparecer una dificultad importante: parte de esos datos proceden de fabricantes e instalaciones situados fuera de la Unión Europea.

La Comisión Europea establece metodologías específicas para calcular las emisiones y contempla tanto datos reales verificados como valores por defecto en determinadas circunstancias. Cuando se utilizan datos reales, existen requisitos de verificación por verificadores acreditados.

Por eso, el CBAM puede implicar también cambios en la relación con proveedores internacionales. Una empresa puede necesitar solicitar información adicional sobre:

• Procesos de fabricación.
• Consumo energético.
• Emisiones directas.
• Emisiones indirectas cuando corresponda.
• Instalaciones de producción.
• Métodos utilizados para calcular las emisiones.
• Evidencias y documentación asociada.

En otras palabras, gestionar el CBAM requiere disponer de datos fiables y trazables.

¿Por qué debería importarle el CBAM a tu empresa?

Aunque una empresa no tenga un departamento específico de sostenibilidad, el CBAM puede afectar a diferentes áreas de la organización.

Compras

Los productos importados pueden incorporar un coste de carbono que debe considerarse dentro de la gestión de proveedores y compras internacionales.

Finanzas

El coste asociado a los certificados CBAM puede tener impacto económico y debe incorporarse a la planificación correspondiente.

Logística y comercio exterior

La clasificación arancelaria y la información de las importaciones adquieren todavía más importancia para determinar qué operaciones están sujetas al mecanismo.

Sostenibilidad

Las emisiones incorporadas en los productos importados pasan a tener una relevancia directa en la gestión ambiental de determinadas empresas.

Relación con proveedores

Será necesario trabajar con proveedores de fuera de la UE para obtener información fiable sobre las emisiones de los productos.

Por eso, el CBAM no debería entenderse únicamente como un trámite aduanero o ambiental. Para determinadas empresas, puede afectar a compras, costes, proveedores, operaciones y planificación.

El CBAM ya es una obligación

El CBAM ya ha dejado atrás su fase de prueba. Desde enero de 2026, el mecanismo está en su régimen definitivo y las empresas afectadas deben adaptar sus procesos a las nuevas obligaciones.

Para una empresa importadora, esperar a que aparezca un problema administrativo o económico no es la mejor forma de abordar el cambio.

Revisar las importaciones, identificar los productos afectados, conocer las emisiones incorporadas y establecer una relación adecuada con los proveedores permite anticiparse a las obligaciones y conocer de antemano el posible impacto del CBAM en la actividad de la empresa.

Además, el marco regulatorio continúa desarrollándose. La Comisión Europea ha publicado durante 2026 nuevos valores por defecto, metodologías, referencias y documentos de orientación para la aplicación del régimen definitivo.

El CBAM ya está en marcha. La cuestión para las empresas afectadas es saber si les aplica, qué información necesitan y cómo deben integrarlo en su gestión.

¿Tu empresa importa productos desde fuera de la Unión Europea?

Desde nuestra consultoría de sostenibilidad podemos ayudarte a analizar si tus importaciones están afectadas por el CBAM, identificar las obligaciones aplicables y organizar la legislación ambiental necesaria para su cumplimiento.

¿Es obligatorio el informe de sostenibilidad?

Sí, en España muchas empresas están obligadas a elaborar una memoria de sostenibilidad debido a la entrada en vigor de la Directiva de la UE sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés).​

¿Qué es la CSRD?

La directiva CSRD es una normativa europea que sustituye a la anterior Directiva sobre Información No Financiera (NFRD). Su objetivo es mejorar la transparencia y la comparabilidad de la información sobre sostenibilidad que las empresas deben divulgar. Esta directiva amplía significativamente el número de empresas obligadas a reportar, pasando de unas 12.000 aproximadamente a 50.000 en toda la Unión Europea.

¿Qué empresas están obligadas?

La obligación de presentar informes de sostenibilidad se aplica de manera progresiva:

• Desde el 1 de enero de 2024: Las empresas de interés público que ya estaban sujetas a la NFRD (es decir, las empresas con más de 500 empleados) deben adaptar sus informes a los nuevos requisitos de la CSRD. Su primer informe CSRD se publicará en este 2025.
• Desde el 1 de enero de 2025: Cualquier empresa grande que cumpla al menos dos de los siguientes tres criterios (estas deberán presentar su primer informe en 2026):
  • Empresa con más de 250 empleados
  • Que tenga más de 50 millones de euros en facturación
  • O que tenga más de 25 millones de euros en activos totales
• Desde el 1 de enero de 2026: Las pequeñas y medianas empresas (pymes) que cotizan en bolsa, excepto las microempresas, deberán sumarse también al proceso de reporte. En este caso, el primer informe se presentará en 2027.

¿Qué información debe incluirse?

Las empresas deben reportar sobre aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (criterios ESG), incluyendo:​

• Emisiones de gases de efecto invernadero (alcances 1, 2 y 3).​
• Usos de recursos naturales (agua, energía, materias primas).
• Políticas de derechos humanos y laborales.
• Diversidad e inclusión en el lugar de trabajo.
• Gobierno corporativo y ética empresarial.
• Riesgos y oportunidades vinculados al cambio climático.

Además, los informes deberán elaborarse bajo los Estándares Europeos de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) y estar auditados por un verificador independiente, lo que garantiza su fiabilidad y comparabilidad.

¿Qué ocurre si no se cumple?

El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones y afectar negativamente a la reputación de la empresa. Además, la falta de transparencia en sostenibilidad puede influir en las decisiones de inversores, clientes y otras partes interesadas.​

Como hemos comentado, el informe de sostenibilidad sí es una obligación para muchas empresas en España. La normativa CSRD marca un antes y un después en la manera en que las organizaciones informan sobre su impacto en el entorno y en la sociedad. 

Desde nuestra experiencia como consultora de sostenibilidad, creemos que es importante que las empresas evalúen si están sujetas a esta normativa y, en caso afirmativo, comiencen a prepararse para cumplir con los requisitos establecidos, realizando planes de sostenibilidad e informes.

¿Quieres que te ayudemos con tu caso?

Descubre además en nuestro blog otros temas relacionados con la sostenibilidad empresarial, como el artículo en el que hablamos sobre cómo hacer un plan de responsabilidad social corporativa o sobre la ley de información empresarial sobre sostenibilidad.

Razones por las que estar en el Registro de Huella de Carbono

Herramienta para medir y reducir emisiones

Inscribir a tu empresa permite identificar con detalle sus emisiones de alcance 1 y 2, y si se desea, también las de alcance 3. Este cálculo de la huella de carbono profundo no solo revela dónde se generan los mayores impactos, sino también ayuda a diseñar planes de reducción concretos, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo costes.

Sello oficial de compromiso

El registro permite obtener un sello oficial del MITECO que certifica si la empresa ha calculado su huella, está implementando medidas de reducción y ha compensado parte o toda su emisión. Este distintivo aporta credibilidad directa, útil para clientes, inversores y colaboradores.

Clave para la contratación pública

Cada vez más entidades públicas y grandes empresas exigen estar inscritos para participar en proyectos o licitaciones. Gracias a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se impondrá pronto la obligación de reportar huella, y en sectores clave —como construcción, sanidad u hostelería— esto ya es un filtro eliminatorio.

Regulación autonómica

Desde la aprobación de distintas normas europeas (y su transposición a la legislación española) sobre lucha contra el cambio climático, transición energética y responsabilidad social corporativa, cada vez más comunidades autónomas están regulando la obligación de cálculo de huella de carbono y planes de reducción de las empresas.

Utilidad y validez del Registro

El Registro MITERD es un registro público, avalado por la administración y alineado con los principales estándares internacionales para el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono de las organizaciones. Ofrece garantías de objetividad y reconocimiento de los esfuerzos de empresas de todos los tamaños y sectores, permitiendo que estas se adapten progresivamente sus compromisos de reducción a sus recursos y al contexto que las rodea.

Cómo inscribirte en el Registro

La inscripción en el Registro de Huella de Carbono del Ministerio se estructura en tres secciones:

• Sección A, de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En esta sección se podrán inscribir las organizaciones que calculen su huella de carbono y establezcan un plan de reducción.
• Sección B, de proyectos de absorción de CO₂. Si tu organización, además quiere compensar su huella de carbono, esta compensación podrá llevarse a cabo mediante proyectos de sumideros agroforestales en España que estarán inscritos en esta sección.
• Sección C, de compensación de huellas de carbono. En esta última sección se dará fe de las compensaciones realizadas, dando el respaldo institucional a las mismas.

La inscripción se realiza a través de la sede electrónica de la Oficina Española de Cambio Climático e implica la obtención de un sello (el sello “Calculo, Reduzco y Compenso”) que acredita que la empresa ha calculado su huella de carbono y, por tanto, tomará medidas y se plantearán objetivos para reducirla. Dicho sello confirmaría el compromiso con el medioambiente y el posicionamiento como empresa ambientalmente responsable.

¿Cómo puede ayudarte una consultora de sostenibilidad?

Inscribirse en el registro es una hoja de ruta hacia una empresa más eficiente, competitiva y responsable. Representa una declaración tangible de compromiso con el clima, que mejora procesos internos, genera ahorro y favorece tu posicionamiento.

En Miru, como consultoría de sostenibilidad, acompañamos a las organizaciones a calcular la huella ecológica y así poder inscribirse en el Registro de Huella de Carbono del MITECO.

Los principales objetivos de la inspección ambiental son verificar el nivel de cumplimiento de la normativa medioambiental y de las condiciones establecidas en las autorizaciones y evaluaciones ambientales, así como identificar actividades no autorizadas o no evaluadas que puedan tener un impacto ambiental negativo.

¿Qué implica una inspección ambiental?

Revisión documental

Los inspectores analizan los permisos y autorizaciones ambientales, como la Autorización Ambiental Integrada (AAI) o la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), entre otros. También verifican que las empresas cumplan con sus obligaciones de declaración de residuos, emisiones o vertidos.

Inspección in situ

Se realiza una visita a las instalaciones para comprobar que las actividades declaradas coinciden con las condiciones reales. Esto incluye la revisión de sistemas de tratamiento de aguas, planes de gestión de residuos, emisiones atmosféricas y almacenamiento de productos químicos.

Toma de muestras

En algunos casos, se recogen muestras de agua, aire o suelo para analizar si cumplen con los límites establecidos en la normativa aplicable.

Elaboración de un informe

Tras la inspección, se redacta un informe detallado que identifica posibles incumplimientos y propone medidas correctoras, si fueran necesarias.

¿Qué empresas deben someterse a inspecciones ambientales?

En España, las inspecciones medioambientales afectan a diversas empresas según el tipo de actividad que desarrollen y su impacto potencial en el medio ambiente. En general, están sujetas a inspección aquellas que deben cumplir con normativas específicas en materia de emisiones, residuos, vertidos, contaminación del suelo o uso de sustancias peligrosas.

Empresas con Autorización Ambiental Integrada (AAI)

• Industrias incluidas en la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), como refinerías, químicas, cementeras, siderúrgicas o de generación de energía.
• Instalaciones con emisiones significativas a la atmósfera, aguas o suelos.

Empresas sujetas a la Ley de Responsabilidad Medioambiental

Aquellas cuya actividad pueda causar daños al medio ambiente, como plantas de gestión de residuos, minería o industrias químicas.

Empresas con Autorizaciones Específicas de Vertidos o Residuos

• Empresas que generan y gestionan residuos peligrosos o industriales.
• Instalaciones con vertidos a cauces públicos o redes de saneamiento.

Actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

• Proyectos de construcción y obras públicas de gran envergadura (carreteras, aeropuertos, presas, etc.).
• Empresas del sector agroalimentario con un alto consumo de recursos o generación de residuos.

Empresas afectadas por normativa sectorial específica

• Gasolineras, talleres mecánicos, tintorerías industriales, explotaciones ganaderas intensivas, entre otras.
• Empresas que almacenan o utilizan sustancias peligrosas (sujetas a la normativa SEVESO).

¿Qué pasa si se detectan irregularidades?

Las consecuencias de no cumplir con la normativa ambiental pueden ir desde sanciones económicas hasta la suspensión de actividades, pasando por la obligación de remediar el daño causado al medio ambiente. En los casos más graves, incluso puede derivar en responsabilidades penales.

4 claves para las empresas

1. Conoce tus obligaciones: cada sector tiene normativas específicas. Asegúrate de saber cuáles te afectan.
2. Cumple con la documentación: mantén al día los registros de residuos, emisiones y otros informes obligatorios.
3. Realiza auditorías internas: identifica posibles áreas de mejora antes de una inspección oficial.
4. Asesórate: contar con una persona experta en legislación ambiental o una consultora de sostenibilidad como Miru puede ahorrarte problemas y garantizar el cumplimiento normativo.

Haz tu inspección ambiental con Miru

En Miru, como consultoría de sostenibilidad, ayudamos a las empresas a estar preparadas para superar inspecciones medioambientales con éxito y, lo más importante, a integrar la sostenibilidad como un valor clave en su negocio.

¿Tu empresa está lista para una inspección ambiental? Escríbenos y te ayudamos a cumplir con la legislación ambiental de forma eficiente y responsable. Te podemos asesorar en cualquiera de las fases:

• Preparación documental para las inspecciones.
• Acompañamiento durante las inspecciones.
• Asesoramiento y resolución de los requerimientos.

Descubre en nuestro blog otros artículos relacionados con la sostenibilidad empresarial como en el que hablamos sobre qué se evalúa en un estudio de impacto ambiental.

El greenwashing ocurre cuando las empresas presentan información falsa o exagerada sobre sus esfuerzos ambientales y de sostenibilidad, engañando a los consumidores.

Claves de la Directiva 2024/825 contra el greenwashing

Algunas conclusiones clave de esta directiva:

Información veraz y fiable

La directiva subraya la importancia de proporcionar información clara, relevante y fiable para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y contribuir a patrones de consumo más sostenibles. La precisión en las afirmaciones medioambientales es fundamental para evitar engaños.

Introducción de normas específicas

Se establecen normas específicas en el Derecho de la Unión para abordar las prácticas comerciales desleales que inducen a error a los consumidores. Estas normas permiten a los organismos nacionales competentes abordar eficazmente las afirmaciones medioambientales engañosas, garantizando que las empresas sostenibles actúen de manera transparente.

Prohibición de afirmaciones engañosas

La directiva modifica el artículo 6 de la Directiva 2005/29/CE, prohibiendo las afirmaciones medioambientales que no estén respaldadas por compromisos y metas claras, objetivas, disponibles públicamente y verificables. Además, estas afirmaciones deben ser verificadas por un tercero independiente y experto, asegurando así su veracidad.

Afirmaciones irrelevantes

La directiva considera engañoso anunciar beneficios irrelevantes para los consumidores que no están directamente relacionados con ninguna característica del producto o empresa. Ejemplos de tales afirmaciones incluyen «agua embotellada sin gluten» o «papel sin plástico», que pueden confundir a los consumidores sobre el verdadero valor ambiental del producto.

Comparación de productos

Las comparaciones de productos basadas en características medioambientales o sociales deben ser claras y no inducir a error a los consumidores. Los comerciantes deben proporcionar información sobre el método de comparación y los productos comparados, garantizando así que las comparaciones sean justas y transparentes.

Afirmaciones Genéricas y Verificabilidad

Afirmaciones genéricas como «sostenible» o «responsable» deben basarse en comportamientos medioambientales excelentes reconocidos y ser verificables para no inducir a error a los consumidores. Esto asegura que tales declaraciones reflejen verdaderamente el impacto ambiental del producto o la empresa.

Prohibición de Afirmaciones sobre Compensación de Emisiones

Se prohíbe realizar afirmaciones basadas en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que estas pueden inducir a error a los consumidores sobre el impacto real del producto. Esta medida busca evitar que las empresas utilicen tácticas de compensación para presentar una imagen ambientalmente responsable sin realizar cambios significativos en sus prácticas.

Qué implica la Directiva 2024/825

La Directiva 2024/825 representa un paso significativo en la lucha contra el greenwashing, asegurando que las afirmaciones medioambientales sean veraces y verificables. Al implementar estas normas, la Unión Europea busca proteger a los consumidores de prácticas engañosas y fomentar un mercado más transparente y sostenible. La precisión y transparencia en la información ambiental son esenciales para promover la confianza de los consumidores y apoyar prácticas empresariales genuinamente sostenibles.

Euskadi tiene un largo recorrido en políticas energéticas y de cambio climático que demuestran su compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad. A continuación, os dejamos una breve cronología de las políticas energéticas más significativas que se han desarrollado en el territorio:

• Plan Energético de Euskadi 2030: plan estratégico que establece las directrices y acciones a seguir para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, basado en el uso de fuentes renovables y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

• Estrategia Vasca de Cambio Climático Klima 2050: define los objetivos y medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático en el País Vasco, incluyendo acciones sostenibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la resiliencia climática.

• Basque Green Deal: en 2019 Euskadi se sumó al Pacto Verde Europeo, mediante el Basque Green Deal, con el objetivo de lograr un futuro más sostenible.

• Plan de Transición energética y cambio climático 2021-2024: aprobado el 26 de octubre de 2021 por Gobierno Vasco, este plan busca reducir en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero respecto a 2005.

• Ley de transición energética y cambio climático: la nueva Ley tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática en Euskadi a más tardar en el año 2050. Dicho objetivo se logrará mediante la descarbonización de la actividad socioproductiva, la transición a una economía circular y la adaptación al cambio climático, buscando la implantación de un modelo de desarrollo que genere empleo digno y reduzca las desigualdades.

Esta legislación ambiental representa un paso adelante en el compromiso de Euskadi con políticas energéticas y ambientales, reconociendo el largo recorrido que la región ha transitado en estas áreas. En este contexto, es crucial analizar el impacto que esta nueva ley tendrá en las empresas industriales, delineando las oportunidades y desafíos que enfrentarán en su camino hacia la sostenibilidad y la adaptación a un entorno regulatorio en constante evolución.

Descarbonización de procesos industriales

A continuación, un resumen de lo que consideramos más importante y que las empresas industriales deberían tener en cuenta sobre el artículo que dedica la nueva Ley de transición energética y cambio climático a la ‘Descarbonización de procesos industriales’:

‘Las instalaciones industriales radicadas en el ámbito territorial de la CAPV deberán calcular su huella de carbono y elaborar un plan dirigido a minimizarla para que esta sea cero o negativa‘

La nueva Ley indica que la planificación y las medidas que se adopten por las administraciones públicas vascas han de impulsar la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de los objetivos que enumera la Ley, detallamos los que, en nuestra opinión, son los más destacables:

• El fomento de la eficiencia energética y circularidad, la electrificación, el hidrógeno verde y el uso de fuentes de energía alternativa que impulsen la descarbonización para transformar el tejido industrial actual.
• La incorporación de la economía circular en sus procesos, orientada a la reducción del consumo energético y la disminución de la utilización de las materias primas y de su huella de carbono.
• El fomento de las certificaciones ambientales, específicamente del cálculo de la huella de carbono para empresas, y el cálculo de la huella ecológica para productos y servicios.
• El impulso del sector, a través de los programas de apoyo, para que se favorezca la reducción de emisiones en su actividad.

Por otro lado, es importante destacar que la transformación, reordenación, promoción y creación de nuevos desarrollos industriales deberá incluir la perspectiva de la transición energética y del cambio climático. En concreto, las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas que su ejecución pueda generar a lo largo de su vida útil, así como las medidas para reducirlas o compensarlas.

Por último, pero no por ello menos importante, hay que recalcar que las instalaciones industriales radicadas en el ámbito territorial de la CAPV deberán calcular su huella de carbono y elaborar un plan dirigido a minimizarla para que esta sea cero o negativa, si fuera técnica y económicamente viable. Reglamentariamente se establecerán las instalaciones afectadas por dicha obligación, el alcance de la huella de carbono, el contenido mínimo del plan, así como el plazo en el que deberá estar redactado y frecuencia de su actualización.

Descubre en nuestro blog otros artículos relaciones como en el que hablamos sobre en qué consiste una inspección ambiental.

Un plan de gestión de residuos es un documento estratégico que detalla cómo una organización manejará, reducirá y gestionará sus residuos de manera sostenible. Va más allá de simplemente deshacerse de los desechos; implica un enfoque integral que busca minimizar el impacto ambiental y maximizar el uso eficiente de los recursos. El objetivo principal es minimizar el impacto ambiental, cumplir con regulaciones y, en muchos casos, lograr beneficios económicos.

El plan de gestión de residuos es una herramienta fundamental para que las empresas minimicen su impacto ambiental, y bien desarrollado no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede generar eficiencia operativa y mejorar la reputación y relaciones públicas de una organización.

Cómo hacer un plan de gestión de residuos

Diagnóstico inicial

Evaluación de la situación actual de la empresa con un análisis para comprender la naturaleza y la cantidad de residuos que se generan. A continuación, se identifican las áreas críticas y dónde puede haber oportunidades de mejora.

Diseño de plan

Desarrollo de un plan personalizado donde se identifican los objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Estos objetivos deben estar en sintonía con la visión y los valores de sostenibilidad de la empresa.

Implementación del plan

A continuación, se realiza un asesoramiento y apoyo en la aplicación efectiva del plan. Se explorarán las opciones para gestionar los residuos de manera más eficiente. Esto puede incluir la implementación de tecnologías limpias, la optimización de procesos y la colaboración con proveedores y socios estratégicos.

Evaluación

Mejora continua y constante para ajustar y mejorar el plan según sea necesario para garantizar que se cumplen los objetivos definidos.

Beneficios del plan de gestión de residuos

La implementación de un plan de gestión de residuos en una empresa conlleva una serie de beneficios tangibles y estratégicos que van más allá de simplemente reducir la cantidad de desechos que se generan.

• Reducción de costes: Optimizar procesos para minimizar gastos asociados con la gestión de residuos.
• Cumplimiento normativo: Evitar sanciones y cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.
• Imagen sostenible: Mejorar la percepción pública al mostrar un compromiso real con la responsabilidad ambiental.
• Eficiencia operativa: Optimizar la eficiencia operativa mediante la simplificación y mejora de los procesos.

En Miru, como consultora medioambiental, creemos que la gestión de residuos no solo es una obligación, sino una oportunidad para hacer negocios de manera más sostenible. Un Plan de Gestión de Residuos puede marcar la diferencia de una empresa respecto a su competencia.

Si crees que tu empresa está lista para dar el paso hacia una gestión de residuos más sostenible, en Miru estamos comprometidos a ayudar a las empresas a desarrollar e implementar planes de sostenibilidad y de gestión de residuos efectivos y personalizados. Es importante recordar que cada paso cuenta para conseguir un futuro más sostenible.

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